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La primera Superintendencia
Uno de los hitos más
significativos de la naciente República fue la fundación de la Universidad de
Chile, en 1842. Estaba formada por cinco facultades: Filosofía y Humanidades,
Leyes y Ciencias Políticas, Ciencias Matemáticas y Física, Medicina y Teología.
Además, tenía una academia especial de Ciencias Sagradas.
La ley que creó la Universidad
de Chile (promulgada el 19 de noviembre de 1842) estableció que la Facultad de
Filosofía y Humanidades estaría a cargo de la dirección de las escuelas
primarias fiscales. Debía proponer al gobierno las medidas para corregir las
deficiencias observadas y confeccionar estadísticas. También debía encargarse
de los textos de estudio que allí se utilicen.
Asimismo, tendría la tarea de
promover la enseñanza de la filosofía y humanidades en los institutos y
colegios nacionales de Chile, es decir, a nivel de la enseñanza secundaria.
Para que todo eso fuera
posible la Universidad creó el “Consejo Universitario”, compuesto de 9
miembros: el Rector, cinco Decanos, dos representantes del Presidente de la
República y el secretario general de la Universidad. “De este modo las
funciones de superintendencia ordenadas por la Constitución de 1833, fueron
entregadas al Consejo de la Universidad”.[vi]
El 23 de abril de 1844 se
dictó un reglamento, que asignó atribuciones de dirección, inspección y
jurisdicción al Consejo Universitario. “Por sus atribuciones de inspección,
debía visitar cada tres meses los colegios y escuelas primarias públicas y
particulares. Por sus atribuciones de jurisdicción debía hacer ejecutar sus
decisiones y corregir las deficiencias observadas. Podía suspender y exonerar
maestros (…)”.[vii]
Pero a pesar de todos los
esfuerzos, la falta de presupuesto y las comunicaciones poco desarrolladas de
la época impidieron al Consejo Universitario cumplir bien con las tareas
encomendadas.
Visitadores Provinciales de
Instrucción Primaria
Ante el fracaso mencionado, se
decidió cambiar este tipo de supervisión por un sistema de inspección. Y es así
como en 1846 se nombró al primer visitador, José Dolores Bustos.
Luego fueron designados José
Bernardo Suárez, Blas Roldán, Tomás Jiménez, José Santos Rojas, Manuel Salas.
Todos ellos de las primeras promociones de la Escuela Normal.
Ley General de Instrucción
Primaria
El 24 de noviembre de 1860 se
promulgó la Ley General de Instrucción Primaria de Educación, siendo Presidente
de Chile Manuel Montt y Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública,
Rafael Sotomayor. Con su publicación, culminó una década de debate sobre la
educación primaria en Chile.
Fue un hito legislativo y
político. Esta ley estableció que la escuela pública, fiscal o municipal, era
gratuita y que el financiamiento sería principalmente fiscal y municipal y
abarcaría no solo el sueldo de los preceptores, sino la construcción, arriendo
o adquisición de los locales, los textos de estudio y la formación y fomento de
bibliotecas populares.
Asimismo, creó una Inspección
de Instrucción Primaria con el rol de superintendencia, es decir, que “vigile y
dirige la instrucción primaria en toda la República”[viii]. Estaría formada por
el Inspector General, nombrado por el Presidente de la República, y un
visitador de escuelas para cada una de las provincias del Estado a propuesta
del Inspector General.
El primer Inspector fue Adolfo
Larenas, quien se concentró en establecer la estructura administrativa,
definiendo los reglamentos y la distribución de los recursos.
En 1863 se dictó el Reglamento
General de Instrucción Primaria, pero estableció que las escuelas con menos de
25 alumnos debían cerrarse lo cual produjo reiterados reclamos de diversas
autoridades locales.
El Consejo de Instrucción
Pública
La Ley de Instrucción Pública
y Superior –dictada el 9 de enero de 1879 y vigente hasta 1931- reformuló la
educación secundaria y superior. Y reforzó los dos pilares ya existentes: la
gratuidad de todos los niveles de enseñanza y la existencia de una
Superintendencia de la enseñanza secundaria y superior fiscal, tarea que se
encomendó al recién creado Consejo de Instrucción Pública (desde 1842 había
cumplido estas funciones su antecesor, el Consejo Universitario).
Este Consejo tuvo la misión de
dictar los planes de estudios y el régimen interior de los establecimientos
públicos de enseñanza; de determinar las pruebas finales para obtener grados
universitarios; de intervenir en el nombramiento, destitución o supresión de
sus profesores. Incluso tenía que preocuparse de la moralidad, higiene y
seguridad de los alumnos y empleados.
Del nuevo Consejo pasaron a
depender los liceos fiscales de hombres, el Instituto Nacional y el Instituto
Pedagógico.
Segunda Ley de Ministerios
El 21 de junio de 1887,
durante la presidencia de José Manuel Balmaceda, se dictó la Segunda Ley de
Ministerios, que reorganizó los departamentos de Estado existentes hasta esa
época, estableciendo los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Justicia
e Instrucción Pública; Hacienda; Guerra; y Marina. Además, se creó el de
Industria y Obras Públicas.
Allí se señalaba que entre las
funciones del ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se encontraban: “El
desarrollo y fomento de la instrucción y educación públicas; lo relativo a la
dirección, economía, policía y fomento de los establecimientos de educación
costeados con fondos nacionales o municipales que no han sido atribuidos
especialmente a otro Departamento, y la supervigilancia sobre todos los demás;
la creación y conservación de los museos, bibliotecas públicas, observatorios
astronómicos y meteorológicos, y de los depósitos literarios y de bellas
artes”.
Del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública dependía la Instrucción Primaria, a cargo del Inspector
General; las Escuelas Normales y los liceos de niñas.
Comisión de Instrucción
Primaria
En 1892 comenzó a funcionar la
Comisión de Instrucción Primaria, que proponía al gobierno medidas concretas
tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza. Era impulsada por José
Abelardo Núñez, abogado que siempre estuvo ligado al ámbito de la educación. Es
interesante recordar que en 1879 él fue
comisionado por el gobierno chileno para
analizar los métodos de enseñanza primaria y secundaria en EE.UU. y varios
países de Europa, retornando en 1882. Fue justamente producto de esos viajes
que publicó su libro “Organización de las Escuelas Normales”. También fue
Inspector General de las Escuelas Normales.
Una vez que José Abelardo
Núñez jubiló en 1897, la Comisión se disolvió. Fue sustituida por el Consejo de
Instrucción Primaria, pero hacia 1915 éste ya no funcionaba.
En diciembre de 1899 la Ley Nº
1.296 separó al Ministerio de Instrucción Pública del de Justicia, aunque ambos
estaban a cargo de un mismo ministro.
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
El 26 de agosto de 1920 tuvo
lugar un avance crucial: La Ley Nº 3.654, de Instrucción Primaria Obligatoria,
aprobada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes, que señaló: “La educación
primaria es obligatoria. La que se dé bajo la dirección del Estado y de las
Municipalidades será gratuita y comprenderá a las personas de uno y otro sexo”.
A partir de esta ley, los
padres estaban obligados a hacer que sus hijos frecuenten, durante 4 años a lo
menos, y antes de que cumplan los 13 años de edad, un establecimiento de
educación primaria fiscal, municipal o particular. Incluso se señalaba que los
“los menores que hubieren cumplido 13 años sin haber adquirido los conocimientos
de los dos primeros grados de la educación primaria, deberán seguir asistiendo
a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o
hasta cumplir 15 años de edad. Si obtienen alguna ocupación de carácter
permanente continuarán sometidos a esta obligación hasta los 16 años de edad,
debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria o complementaria”.
Además, se estableció que
existiría en cada comuna una Junta de Educación –formada por cinco miembros,
dos elegidos por el Consejo de Educación Primaria y tres por la Municipalidad
de la comuna-, cuya tarea, básicamente, sería elaborar anualmente un censo
escolar de la comuna para anotar a los niños sujetos a esta obligación, y
detallar dónde y en qué forma reciben su educación; inscribir anualmente a
todos quienes deben asistir a las escuelas; conocer en terreno las condiciones
en que trabajan los menores de 16 años en fábricas y talleres y comprobar que
han cumplido con sus obligaciones escolares; entre otras. Incluso podrá adoptar,
por mayoría de los asistentes, “las medidas necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones anteriores, dando cuenta al Consejo de Educación Primaria de
las omisiones en que incurriere el director de la escuela y que no hubieren
sido corregidas oportunamente por el visitador”.
Estas Juntas eran el brazo
ejecutivo del nuevo Consejo de Educación que funcionaba en Santiago dentro del
Ministerio, para apoyar al director general de Instrucción Primaria. Pero
tuvieron serias complicaciones para ejercer la misión que se les había encomendado,
pues la tarea era enorme y a veces necesitaban incluso recurrir a las policías
locales para lograr que los padres llevasen a sus hijos a la escuela y que ésta
les abriese sus puertas.
La Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria se dictó en medio de un período caracterizado por el crecimiento
sostenido de la cobertura en ese nivel. “Entre 1880 y 1930, las escuelas
públicas quintuplicaron su número (de 620 a 3.177), mientras las particulares
se mantuvieron estables (en torno a las 500). La matrícula fiscal se incrementó
nueve veces (de 48.794 a 458.953 alumnos), impactando sustancialmente sobre el
ritmo de expansión de la cobertura, entendida como el número de niños
matriculados con respecto a la población en edad escolar. Esta relación (la
tasa de escolarización general) se elevó desde un 16% a un 63,3%. El salto es
de proporciones si además se compara con los años fundacionales del sistema
primario, cuando menos de un 10% de los menores llegaba a una escuela”.[ix]
De hecho, entre 1900 y 1910 se
abrieron 1.252 escuelas primarias públicas y la matrícula de niños y niñas
subió de 115.281 a 258.640. Es decir, “143.359 niños ingresaron al sistema,
diez veces más de los que se habían incorporado entre 1890 y 1900”.[x]
En 1920, cuando finalmente se
promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 389.912 niños y niñas
estaban matriculados en la educación primaria en algún tipo de establecimiento.
Cinco años después, más de 500.000 se encontraban en esa situación. Y en la
educación pública, esas cifras eran del orden de 346.386 y 439.937,
respectivamente.[xi]
Un dato interesante: En 1930
más de 237.000 niñas asistían a escuelas primarias públicas (54,2% del total de
niñas en edad escolar de 6 a 14 años), muchas más que las 4.297 que lo hacían
en 1854 (3,1%).[xii]
Ministerio de Instrucción
Pública reconquista sus atribuciones
Un hecho que vale la pena
destacar: en abril de 1927 las facultades relativas al sistema educativo que
hasta entonces se habían otorgado a diversas instituciones como la Universidad de
Chile, el Consejo de Instrucción Primaria y el de Instrucción Pública,
volvieron a manos del Ministerio de Instrucción Pública. Específicamente a los
directores de Enseñanza Pedagógica y Educación Secundaria y a los recién
creados directores de Educación Primaria y de Educación Comercial.
En mayo de ese mismo año se creó la Superintendencia de Educación
Nacional –ya se habían hecho otros intentos previamente-, la cual sería
presidida por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y el 10 de diciembre,
el DL (Decreto Ley) Nº 7.500 dejaba claro que el Ministerio y la
Superintendencia constituían la autoridad superior, administrativa y técnica de
toda la educación nacional.
Tercera Ley de Ministerios:
Creación del “Ministerio de Educación Pública”
El 30 de noviembre de 1927 se
dictó la Tercera Ley de Ministerios (Decreto con Fuerza de Ley o DFL Nº 7.912),
que creó el “Ministerio de Educación Pública”. Se estableció también que
existirían los siguientes Ministerios: Interior; Relaciones Exteriores;
Hacienda; Justicia; Guerra; Marina; Fomento, y Bienestar Social.
En el art. 5°, se señaló:
”Corresponde al Ministerio de Educación Pública: a) La administración y
superintendencia de la educación del Estado, su fomento y desarrollo y la
fiscalización de la enseñanza particular; b) El sostenimiento de las
Universidades, Liceos, Institutos, Escuelas, Bibliotecas, Archivos, Museos,
Observatorios Astronómicos, Sismológicos y Meteorológicos; c) Las relaciones
con los colegios particulares; d) El fomento y desarrollo de las bellas artes,
de la música, las letras y de la cultura general del país; e) La propiedad
intelectual; f) La relación de la función educacional con las diversas
actividades del país; g) Lo relativo a la conservación de los monumentos nacionales”.
La primera persona que asumió
como “Ministro de Educación Pública”, en el gobierno de Carlos Ibáñez del
Campo, fue el dramaturgo y novelista chileno Juan Eduardo Barrios Hudtwalcker,
quien estuvo en ese puesto hasta 1929.
Después de la caída de Ibánez
se retiró al campo, donde continuó dedicado a su pasión: escribir. En 1946
recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1948 publicó uno de sus libros
más reconocidos, “Gran señor y rajadiablos”, en el que retrata la vida del
campo chileno.
La primera Superintendencia
Uno de los hitos más
significativos de la naciente República fue la fundación de la Universidad de
Chile, en 1842. Estaba formada por cinco facultades: Filosofía y Humanidades,
Leyes y Ciencias Políticas, Ciencias Matemáticas y Física, Medicina y Teología.
Además, tenía una academia especial de Ciencias Sagradas.
La ley que creó la Universidad
de Chile (promulgada el 19 de noviembre de 1842) estableció que la Facultad de
Filosofía y Humanidades estaría a cargo de la dirección de las escuelas
primarias fiscales. Debía proponer al gobierno las medidas para corregir las
deficiencias observadas y confeccionar estadísticas. También debía encargarse
de los textos de estudio que allí se utilicen.
Asimismo, tendría la tarea de
promover la enseñanza de la filosofía y humanidades en los institutos y
colegios nacionales de Chile, es decir, a nivel de la enseñanza secundaria.
Para que todo eso fuera
posible la Universidad creó el “Consejo Universitario”, compuesto de 9
miembros: el Rector, cinco Decanos, dos representantes del Presidente de la
República y el secretario general de la Universidad. “De este modo las
funciones de superintendencia ordenadas por la Constitución de 1833, fueron
entregadas al Consejo de la Universidad”.[vi]
El 23 de abril de 1844 se
dictó un reglamento, que asignó atribuciones de dirección, inspección y
jurisdicción al Consejo Universitario. “Por sus atribuciones de inspección,
debía visitar cada tres meses los colegios y escuelas primarias públicas y
particulares. Por sus atribuciones de jurisdicción debía hacer ejecutar sus
decisiones y corregir las deficiencias observadas. Podía suspender y exonerar
maestros (…)”.[vii]
Pero a pesar de todos los
esfuerzos, la falta de presupuesto y las comunicaciones poco desarrolladas de
la época impidieron al Consejo Universitario cumplir bien con las tareas
encomendadas.
Visitadores Provinciales de
Instrucción Primaria
Ante el fracaso mencionado, se
decidió cambiar este tipo de supervisión por un sistema de inspección. Y es así
como en 1846 se nombró al primer visitador, José Dolores Bustos.
Luego fueron designados José
Bernardo Suárez, Blas Roldán, Tomás Jiménez, José Santos Rojas, Manuel Salas.
Todos ellos de las primeras promociones de la Escuela Normal.
Ley General de Instrucción
Primaria
El 24 de noviembre de 1860 se
promulgó la Ley General de Instrucción Primaria de Educación, siendo Presidente
de Chile Manuel Montt y Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública,
Rafael Sotomayor. Con su publicación, culminó una década de debate sobre la
educación primaria en Chile.
Fue un hito legislativo y
político. Esta ley estableció que la escuela pública, fiscal o municipal, era
gratuita y que el financiamiento sería principalmente fiscal y municipal y
abarcaría no solo el sueldo de los preceptores, sino la construcción, arriendo
o adquisición de los locales, los textos de estudio y la formación y fomento de
bibliotecas populares.
Asimismo, creó una Inspección
de Instrucción Primaria con el rol de superintendencia, es decir, que “vigile y
dirige la instrucción primaria en toda la República”[viii]. Estaría formada por
el Inspector General, nombrado por el Presidente de la República, y un
visitador de escuelas para cada una de las provincias del Estado a propuesta
del Inspector General.
El primer Inspector fue Adolfo
Larenas, quien se concentró en establecer la estructura administrativa,
definiendo los reglamentos y la distribución de los recursos.
En 1863 se dictó el Reglamento
General de Instrucción Primaria, pero estableció que las escuelas con menos de
25 alumnos debían cerrarse lo cual produjo reiterados reclamos de diversas
autoridades locales.
El Consejo de Instrucción
Pública
La Ley de Instrucción Pública
y Superior –dictada el 9 de enero de 1879 y vigente hasta 1931- reformuló la
educación secundaria y superior. Y reforzó los dos pilares ya existentes: la
gratuidad de todos los niveles de enseñanza y la existencia de una
Superintendencia de la enseñanza secundaria y superior fiscal, tarea que se
encomendó al recién creado Consejo de Instrucción Pública (desde 1842 había
cumplido estas funciones su antecesor, el Consejo Universitario).
Este Consejo tuvo la misión de
dictar los planes de estudios y el régimen interior de los establecimientos
públicos de enseñanza; de determinar las pruebas finales para obtener grados
universitarios; de intervenir en el nombramiento, destitución o supresión de
sus profesores. Incluso tenía que preocuparse de la moralidad, higiene y
seguridad de los alumnos y empleados.
Del nuevo Consejo pasaron a
depender los liceos fiscales de hombres, el Instituto Nacional y el Instituto
Pedagógico.
Segunda Ley de Ministerios
El 21 de junio de 1887,
durante la presidencia de José Manuel Balmaceda, se dictó la Segunda Ley de
Ministerios, que reorganizó los departamentos de Estado existentes hasta esa
época, estableciendo los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Justicia
e Instrucción Pública; Hacienda; Guerra; y Marina. Además, se creó el de
Industria y Obras Públicas.
Allí se señalaba que entre las
funciones del ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se encontraban: “El
desarrollo y fomento de la instrucción y educación públicas; lo relativo a la
dirección, economía, policía y fomento de los establecimientos de educación
costeados con fondos nacionales o municipales que no han sido atribuidos
especialmente a otro Departamento, y la supervigilancia sobre todos los demás;
la creación y conservación de los museos, bibliotecas públicas, observatorios
astronómicos y meteorológicos, y de los depósitos literarios y de bellas
artes”.
Del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública dependía la Instrucción Primaria, a cargo del Inspector
General; las Escuelas Normales y los liceos de niñas.
Comisión de Instrucción
Primaria
En 1892 comenzó a funcionar la
Comisión de Instrucción Primaria, que proponía al gobierno medidas concretas
tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza. Era impulsada por José
Abelardo Núñez, abogado que siempre estuvo ligado al ámbito de la educación. Es
interesante recordar que en 1879 él fue
comisionado por el gobierno chileno para
analizar los métodos de enseñanza primaria y secundaria en EE.UU. y varios
países de Europa, retornando en 1882. Fue justamente producto de esos viajes
que publicó su libro “Organización de las Escuelas Normales”. También fue
Inspector General de las Escuelas Normales.
Una vez que José Abelardo
Núñez jubiló en 1897, la Comisión se disolvió. Fue sustituida por el Consejo de
Instrucción Primaria, pero hacia 1915 éste ya no funcionaba.
En diciembre de 1899 la Ley Nº
1.296 separó al Ministerio de Instrucción Pública del de Justicia, aunque ambos
estaban a cargo de un mismo ministro.
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
El 26 de agosto de 1920 tuvo
lugar un avance crucial: La Ley Nº 3.654, de Instrucción Primaria Obligatoria,
aprobada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes, que señaló: “La educación
primaria es obligatoria. La que se dé bajo la dirección del Estado y de las
Municipalidades será gratuita y comprenderá a las personas de uno y otro sexo”.
A partir de esta ley, los
padres estaban obligados a hacer que sus hijos frecuenten, durante 4 años a lo
menos, y antes de que cumplan los 13 años de edad, un establecimiento de
educación primaria fiscal, municipal o particular. Incluso se señalaba que los
“los menores que hubieren cumplido 13 años sin haber adquirido los conocimientos
de los dos primeros grados de la educación primaria, deberán seguir asistiendo
a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o
hasta cumplir 15 años de edad. Si obtienen alguna ocupación de carácter
permanente continuarán sometidos a esta obligación hasta los 16 años de edad,
debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria o complementaria”.
Además, se estableció que
existiría en cada comuna una Junta de Educación –formada por cinco miembros,
dos elegidos por el Consejo de Educación Primaria y tres por la Municipalidad
de la comuna-, cuya tarea, básicamente, sería elaborar anualmente un censo
escolar de la comuna para anotar a los niños sujetos a esta obligación, y
detallar dónde y en qué forma reciben su educación; inscribir anualmente a
todos quienes deben asistir a las escuelas; conocer en terreno las condiciones
en que trabajan los menores de 16 años en fábricas y talleres y comprobar que
han cumplido con sus obligaciones escolares; entre otras. Incluso podrá adoptar,
por mayoría de los asistentes, “las medidas necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones anteriores, dando cuenta al Consejo de Educación Primaria de
las omisiones en que incurriere el director de la escuela y que no hubieren
sido corregidas oportunamente por el visitador”.
Estas Juntas eran el brazo
ejecutivo del nuevo Consejo de Educación que funcionaba en Santiago dentro del
Ministerio, para apoyar al director general de Instrucción Primaria. Pero
tuvieron serias complicaciones para ejercer la misión que se les había encomendado,
pues la tarea era enorme y a veces necesitaban incluso recurrir a las policías
locales para lograr que los padres llevasen a sus hijos a la escuela y que ésta
les abriese sus puertas.
La Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria se dictó en medio de un período caracterizado por el crecimiento
sostenido de la cobertura en ese nivel. “Entre 1880 y 1930, las escuelas
públicas quintuplicaron su número (de 620 a 3.177), mientras las particulares
se mantuvieron estables (en torno a las 500). La matrícula fiscal se incrementó
nueve veces (de 48.794 a 458.953 alumnos), impactando sustancialmente sobre el
ritmo de expansión de la cobertura, entendida como el número de niños
matriculados con respecto a la población en edad escolar. Esta relación (la
tasa de escolarización general) se elevó desde un 16% a un 63,3%. El salto es
de proporciones si además se compara con los años fundacionales del sistema
primario, cuando menos de un 10% de los menores llegaba a una escuela”.[ix]
De hecho, entre 1900 y 1910 se
abrieron 1.252 escuelas primarias públicas y la matrícula de niños y niñas
subió de 115.281 a 258.640. Es decir, “143.359 niños ingresaron al sistema,
diez veces más de los que se habían incorporado entre 1890 y 1900”.[x]
En 1920, cuando finalmente se
promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 389.912 niños y niñas
estaban matriculados en la educación primaria en algún tipo de establecimiento.
Cinco años después, más de 500.000 se encontraban en esa situación. Y en la
educación pública, esas cifras eran del orden de 346.386 y 439.937,
respectivamente.[xi]
Un dato interesante: En 1930
más de 237.000 niñas asistían a escuelas primarias públicas (54,2% del total de
niñas en edad escolar de 6 a 14 años), muchas más que las 4.297 que lo hacían
en 1854 (3,1%).[xii]
Ministerio de Instrucción
Pública reconquista sus atribuciones
Un hecho que vale la pena
destacar: en abril de 1927 las facultades relativas al sistema educativo que
hasta entonces se habían otorgado a diversas instituciones como la Universidad de
Chile, el Consejo de Instrucción Primaria y el de Instrucción Pública,
volvieron a manos del Ministerio de Instrucción Pública. Específicamente a los
directores de Enseñanza Pedagógica y Educación Secundaria y a los recién
creados directores de Educación Primaria y de Educación Comercial.
En mayo de ese mismo año se creó la Superintendencia de Educación
Nacional –ya se habían hecho otros intentos previamente-, la cual sería
presidida por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y el 10 de diciembre,
el DL (Decreto Ley) Nº 7.500 dejaba claro que el Ministerio y la
Superintendencia constituían la autoridad superior, administrativa y técnica de
toda la educación nacional.
Tercera Ley de Ministerios:
Creación del “Ministerio de Educación Pública”
El 30 de noviembre de 1927 se
dictó la Tercera Ley de Ministerios (Decreto con Fuerza de Ley o DFL Nº 7.912),
que creó el “Ministerio de Educación Pública”. Se estableció también que
existirían los siguientes Ministerios: Interior; Relaciones Exteriores;
Hacienda; Justicia; Guerra; Marina; Fomento, y Bienestar Social.
En el art. 5°, se señaló:
”Corresponde al Ministerio de Educación Pública: a) La administración y
superintendencia de la educación del Estado, su fomento y desarrollo y la
fiscalización de la enseñanza particular; b) El sostenimiento de las
Universidades, Liceos, Institutos, Escuelas, Bibliotecas, Archivos, Museos,
Observatorios Astronómicos, Sismológicos y Meteorológicos; c) Las relaciones
con los colegios particulares; d) El fomento y desarrollo de las bellas artes,
de la música, las letras y de la cultura general del país; e) La propiedad
intelectual; f) La relación de la función educacional con las diversas
actividades del país; g) Lo relativo a la conservación de los monumentos nacionales”.
La primera persona que asumió
como “Ministro de Educación Pública”, en el gobierno de Carlos Ibáñez del
Campo, fue el dramaturgo y novelista chileno Juan Eduardo Barrios Hudtwalcker,
quien estuvo en ese puesto hasta 1929.
Después de la caída de Ibánez
se retiró al campo, donde continuó dedicado a su pasión: escribir. En 1946
recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1948 publicó uno de sus libros
más reconocidos, “Gran señor y rajadiablos”, en el que retrata la vida del
campo chileno.
Un año más tarde, la
Universidad de Concepción le otorgó el Premio Atenea. En 1953 fue incorporado a
la Academia Chilena de la Lengua y fue designado director de la Dibam
(Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), puesto que ocupó hasta 1960. En
todo caso no era primera vez que asumía ese cargo, ya lo ejerció entre 1927 y
1931.
Foto: Pedro Aguirre Cerda
durante su breve gobierno puso énfasis en la expansión de la instrucción
primaria, con la construcción de más de 500 escuelas. A nivel institucional, la
estructura del Ministerio no sufrió grandes cambios en este período. Fotografía
del mandatario junto a un grupo de maestras, en 1938. Gentileza Archivo
Fotográfico Museo de la Educación Gabriela Mistral.
Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar
es Educar”
Sucederían a Ibáñez en la
primera magistratura, elegidos por votación popular: Juan Esteban Montero,
Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda.
Profesor de castellano y
filosofía en la Universidad de Chile y abogado de la misma casa de estudios,
Pedro Aguirre Cerda fue profesor de Educación Cívica, Castellano y Filosofía en
la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el
Instituto Nacional. En 1918 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción
Pública por el Presidente Juan Luis Sanfuentes, cargo que ejerció entre el 18
de enero y el 6 de septiembre de 1918, y desde el cual se preocupó
especialmente de impulsar la Ley de Instrucción Primaria y de mejorar el nivel
económico del Magisterio.
En 1921 fue elegido senador
por Concepción e integró la Comisión Permanente de Instrucción Pública. Y el 25
de octubre de 1938, bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como
Presidente de Chile. No sólo se preocupó de recibir y apoyar a los refugiados
de la Guerra Civil Española, que arribaron en el barco Winnipeg a Valparaíso el
3 de septiembre de 1939. Él puso especial énfasis en combatir la pobreza de su
pueblo y fomentar la educación.
En su discurso presidencial
del 21 de mayo de 1939 señaló:
”Para que la enseñanza pueda
cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita,
única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan
beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de
su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas
unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares;
obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad
el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y
social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que
nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo”.
Durante su corto gobierno
–falleció el 25 de noviembre de 1941- se preocupó especialmente de la expansión
de la instrucción primaria, con la construcción de más de 500 escuelas y casi
sextuplicando el número de alumnos matriculados.
Además, creó más de 3.000
plazas de maestros. Y atendiendo a la necesidad de aumentar la capacidad de
producción del país fomentó la educación técnica, industrial y minera, fundando
numerosas escuelas especializadas.
A nivel institucional, la
estructura del Ministerio no sufrió grandes cambios en este período. Tampoco
posteriormente, durante los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González
Videla. Recién en la década de los 50 comenzaron a dictarse algunos decretos
con fuerza de ley como el Nº 246 que organizó administrativa y técnicamente a
la Subsecretaría, las Direcciones Generales y los Servicios dependientes y el
Nº 104 que dio a la Superintendencia el carácter de organismo técnico y de
planeamiento asesor del Ministro.
Interesante resulta destacar
que, en 1945, durante el gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos, se creó la
“Comisión de Renovación Gradual de la Educación Secundaria”, formada por Irma
Salas, colabora de la Revista de Educación e hija de Darío Salas, quien la
presidió, Ana Novoa, Martín Bunster, Daniel Navea, Arturo Piga y Oscar Vera. Su
tarea era proponer al gobierno un Plan de Renovación de la Educación Secundaria
y así lo hicieron. De hecho, este Plan apuntaba a la renovación pedagógica, a
resolver urgentes necesidades sociales y a ampliar las oportunidades de acceder
a la educación secundaria. Se aplicó inicialmente en 10 liceos del país: siete
que ya existían y tres nuevos que se crearon en Santiago especialmente para
este proyecto: el Gabriela Mistral, en el barrio Independencia; el Juan Antonio
Ríos, en Quinta Normal y el Liceo Darío Salas en Av. España, al igual que el
Liceo Nº 6 de Niñas, en el barrio Matadero. “A poco andar abandonaron el plan
algunos de los establecimientos iniciales y finalmente participaron en la
experimentación, además de los liceos nombrados, los de niñas de Antofagasta y
Concepción y el coeducacional de Quilpué”.[xiii]
Frei y la Reforma Educacional
de 1965
El Presidente de la República,
Eduardo Frei Montalva, se preocupó en forma prioritaria de la educación. Por
esta razón, a sólo 15 días de asumir su gobierno, dio los primeros pasos para
poner en marcha “El Plan Extraordinario de Educación”, que promovía cambios
profundos con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación
pública.
Es decir, previo a la Reforma
de 1965 instauró una suerte de programa de emergencia, que se inició en
diciembre de 1964 con la realización de un censo escolar que reveló una demanda
real de matrícula de 186 mil niños. Para atender esas necesidades, implementó
“un plan de construcción de 6.000 aulas en 1.535 escuelas; un curso de
formación acelerada de maestros primarios que atendió a 2.700 aspirantes, a los
que se sumaron los egresados de los cursos regulares de formación y los reincorporados
al servicio, para totalizar 5.000 nuevos maestros; y un plan de equipamiento
escolar que incluía la correspondiente dotación de mobiliario, textos, útiles y
elementos de asistencialidad escolar”.[xiv]
Es en ese contexto que surgió
la “Reforma Educacional de 1965” (Decreto Nº 27.952), que estableció que a
contar de 1966 se aplicaría en forma gradual en los establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación Pública y los de la Educación
Particular un sistema de educación regular que comprenderá los siguientes
niveles: Educación Parvularia; Educación General Básica de nueve años de
duración (en una primera etapa de ocho años), común para todos los niños entre
7 y 15 años, aunque también se permite ingresar a los menores de 6 años;
Educación Media con cuatro años de duración, con modalidad científica-humanista
y técnico-profesional; y Educación Superior.
Uno de los principales
objetivos de la Reforma era ampliar la cobertura escolar. Y con el propósito de
impulsarla y apoyarla, el Ministro de Educación Pública, Juan Gómez Millas, y
el subsecretario de esa cartera Patricio Rojas, en coordinación con la máxima
autoridad del Estado crearon el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) que, por supuesto, dependería de este
Ministerio.
Así nació el CPEIP, por Ley Nº
16.617, el 31 de enero de 1967. Esta institución, que continúa vigente,
concentró las diversas actividades de perfeccionamiento docente que existían en
la época y desarrolló nuevas líneas en esa área. La idea era impregnar a la
mayor cantidad posible de maestros en los nuevos principios pedagógicos que
impulsaba la Reforma de 1965. Además, se dio mucha importancia a la formación y
perfeccionamiento de los equipos directivos de las escuelas y liceos, pues en
esa época se abrieron muchos establecimientos educativos y se necesitaba
personal a cargo de los mismos.
El perfeccionamiento de
personal técnico para el Ministerio de Educación fue otra de las tareas
relevantes para el CPEIP. “Para ello se firmaron convenios de asistencia y
recursos con diversas instituciones internacionales, como la Organización de
Estados Americanos (OEA), la Unesco, la Fundación Ford, Naciones Unidas y
centros educacionales de otros países, como el del Instituto de Sévres de París
(Francia). La educación necesitaba tener expertos importantes para su
conducción a nivel del sistema, tanto en Chile como en el resto de los países
latinoamericanos; por lo mismo, en el Centro se efectuaban cursos para preparar
expertos en planeamiento de la educación, administradores, supervisores y otros
especialistas con participación de alumnos y profesores de todo el continente.
Chile se convertía, a través del CPEIP, en uno de los centros educacionales más
importantes de la Región: llegaban profesores-alumnos provenientes de Costa
Rica, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, Cuba, etc. a pasantías en nuestro
país. Se efectuaba, a su vez, intercambio de expertos, becarios y materiales
entre las diferentes instituciones del continente y de organismos internacionales
especializados en educación”.[xv]
De 1967 a 1970, el CPEIP
perfeccionó a 76.000 docentes en todo el país (tanto de Enseñanza Básica como
docentes del sector Científico-Humanista y Técnico-Profesional), a través del
Programa Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado.[xvi]
En relación con los avances
producto de la Reforma Educacional del 65, en 1970 el ministro de Educación
Máximo Pacheco, en la inauguración del año escolar, destacó: “Durante este
período la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales ha
construido 3.000 modernos locales escolares, especialmente en zonas rurales, lo
que ha contribuido a democratizar la enseñanza”, “el 95% de los niños en edad
escolar tiene hoy acceso a la educación básica; el incremento del alumnado en
este nivel es del 48%, en la educación secundaria del 117%, en la
técnico-profesional del 211% y en la educación superior del 124%, y el
analfabetismo se ha reducido al 10%. El número total de estudiantes, en todos
los niveles, alcanza a una cifra aproximada a 3.000.000”; “se han cumplido los
objetivos propuestos al haber perfeccionado a casi 60 mil profesores; haber
hecho realidad la escuela básica de dos ciclos de 4 años cada uno; haber
establecido en la educación media dos modalidades: la humanista-científica, que
continúa o intensifica la educación general del nivel básico, y la
técnico-profesional que, junto con su función educativa general, capacita para
el desempeño de profesiones de mando medio requeridas por el desarrollo
económico y social del país, como son las agrícolas, comerciales, industriales
y de servicios y técnicas especializadas. Destaco que la matrícula en la
enseñanza profesional sobrepasará este año los 100.000 estudiantes”.[xvii]
Luis Celis Muñoz, presidente
de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, señaló en 2004 refiriéndose
a los logros de esta Reforma: “De una matrícula de 1.725.302 estudiantes en
todos los niveles del sistema educativo, en 1964, se avanzó a una matrícula de
2.477.254 alumnos en 1970 (43,5% de incremento en seis años). Para hacer
posible este histórico salto se desarrolló un conjunto de políticas eficaces:
se contrataron y capacitaron extraordinariamente 5.000 nuevos maestros para la
educación básica y se incrementó la matrícula en los centros universitarios de
formación docente; entre 1965 y 1967 se construyeron 1.145.000 metros cuadrados
de edificación, a los que sumaron nuevas superficies en los años siguientes,
dando un inédito promedio anual de 273.000 metros cuadrados. Hubo también un
gran aumento en la provisión de textos y otros materiales. La Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas fue instalada en 1964 y promovió un notable conjunto de
prestaciones y apoyos compensatorios, en alimentación escolar, becas y
otros”.[xviii]
El 20 de abril de 1970 fue
fundada la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por el DL Nº 17.301.
Allí se estableció que este organismo sería de carácter autónomo, pero quedaría
bajo la dependencia del Ministerio de Educación. Y, por primera vez, se
reconoció el trabajo de las educadoras de párvulos al señalarse en forma
explícita que “la atención educacional en los jardines infantiles estará a
cargo de educadores de párvulos”.
La Escuela Nacional Unificada
(ENU)
El gobierno de la Unidad
Popular, encabezado por Salvador Allende, planteó un ”Sistema Nacional para la
Educación Permanente en una Sociedad de Transición al Socialismo”, el que
estaría basado en tres pilares básicos: educación permanente, educación social
y educación planificada. “En 1971 propuso al país la Escuela Nacional Unificada
(ENU). En esencia, planteaba un ciclo continuo de 12 años de educación general
y politécnica para atender a niños y jóvenes entre 6 y 18 años de edad, con
planes comunes, electivos y de especialidades”.[xix]
Se promovieron debates sobre
el tema. Incluso la Revista de Educación Nº 43 – 46 del Ministerio de Educación
abordó en profundidad este tema. Publicó, por ejemplo, el “Informe sobre
Escuela Nacional Unificada” a consideración del Consejo Nacional de Educación,
donde se señalaba que la ENU sería nacional, unificada, diversificada,
democrática, pluralista, productiva, integrada a la comunidad, científica y
tecnológica, humanista y planificada; variados discursos del ministro de
Educación, Jorge Tapia, sobre la ENU; el debate y textos de los acuerdos del
Consejo Superior de la Universidad Técnica del Estado sobre esta materia; entre
otros.
En todo caso, el 11 de
septiembre de 1973 terminó la discusión.
La municipalización de la
enseñanza
Este cambio en el sistema de
administración de la educación fue introducido en Chile durante la dictadura
militar. El 2 de mayo de 1980, por el DFL N° 13.063 del Ministerio de
Educación, se traspasó la administración de las escuelas y liceos desde el
Ministerio de Educación a la comuna en la cual estaban ubicados. También se
procedió a entregar la administración de los establecimientos de educación
técnico-profesional a corporaciones u organismos privados.
Por otra parte, el 10 de marzo
de 1990 –último día de la dictadura militar- se publicó en el Diario Oficial de
Chile la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.962, que fijó
los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles de educación básica y
media. Asimismo, reguló el deber del Estado de velar por su cumplimiento y
estableció normas para el proceso de reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales de todo nivel.
“Ministerio de Educación” a
secas
La Ley N° 18.956, promulgada
el 22 de febrero de 1990, reestructuró el Ministerio de Educación Pública, que
pasó a llamarse “Ministerio de Educación” a secas. Se crearon cuatro
divisiones: División de Educación General (DEG); División de Planificación y
Presupuestos (DIPLAP); División de Educación Superior (DES) y División de
Cultura. Además de tres Departamentos: Centro de Perfeccionamiento e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); Departamento Jurídico; y Departamento de
Administración General (DAG).
Es en este contexto -educación
municipalizada y un Ministerio completamente reestructurado- que se produce el
regreso a la democracia en 1990, asumiendo Patricio Aylwin como Presidente de
la República y Ricardo Lagos como nuevo ministro de Educación.
Las principales leyes
promulgadas en democracia desde entonces han permitido avanzar a pasos
agigantados.
Si en el siglo pasado los
desafíos apuntaban a ampliar la cobertura y universalizar la provisión del
servicio educacional, los desafíos del siglo XXI son otros, entre ellos mejorar
la calidad de la educación, innovando y modernizando los aprendizajes en la
sala de clases. Para ello, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en
su segundo mandato puso en marcha una política educacional en busca de calidad,
inclusión y pertinencia. La ministra de Educación, Adriana Delpiano Puelma,
está orgullosa porque, asegura, la Reforma ya tiene logros concretos y ha
profesionalizado y modernizado la educación en Chile.
Pero aún hay tareas pendientes
como poner en funcionamiento la Nueva Educación Pública. Tal como ella señaló
en una entrevista a Revista de Educación: “Para garantizar una educación de
calidad a todos los niños y niñas necesitamos desmunicipalizar, que el Estado
se haga cargo descentralizadamente, no se trata de que en Alameda con
Amunátegui se definan las ampolletas ni los vidrios, aquí es la escuela la que
adquiere una centralidad enorme y mientras esté mejor evaluada más autonomía
tendrá. La idea es que el sostenedor apoye lo que ahí suceda para que sea una
educación de calidad y se atiendan las necesidades y requerimientos de los
profesores, de los asistentes de la educación, etc.”
Cabe destacar que el Senado
aprobó en octubre de este año, de manera unánime, el proyecto que crea el
sistema de Nueva Educación Pública y que permitirá que los 5.200 colegios que
actualmente dependen de los municipios pasen a manos del Estado y sean
administrados por 70 Servicios Locales de Educación.
La ministra de Educación
destacó que “recuperamos la educación pública como baluarte y motivo de
orgullo”. Además, agregó, “este es un hito histórico y quiero compartir con
ustedes que, para el Ministerio de Educación, que hemos sacado adelante cerca
de 30 leyes en este período, esta es una de esas leyes que movilizan el alma.
Que le da sentido al por qué una en la mañana sale a trabajar. Estamos
cumpliendo entre todos un sueño: que Chile sea mejor”.
En relación a la instalación
en marzo de los dos primeros Servicios Locales de Educación, indicó: “uno va a
partir en el territorio de Las Barrancas, compuesto por Lo Prado, Pudahuel y
Cerro Navia, otro en la comuna de Coquimbo-Andacollo. Esos dos servicios van a
estar listos en marzo y después seguiremos en el valle del Huasco”. La Ley
también crea la Dirección de Educación Pública como organismo a nivel central
de coordinación de los Servicios Locales de Educación.
La iniciativa legal que crea
el Nuevo Sistema de Educación Pública fue promulgada el 16 de noviembre de 2017
en el Palacio de La Moneda por la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet.
Principales leyes promulgadas
en democracia (1990 en adelante, aprobadas y en ejecución)
7 de mayo de 2003: Reforma
Constitucional que establece 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita.
(Ley Nº 19.876).
“La educación básica y la
educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la
población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la
ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad”.
Es importante recordar que la
Ley de Educación Primaria Obligatoria, promulgada el 26 de agosto de 1920,
aseguró cuatro años de escolaridad para los niños y niñas de Chile. En 1929, se
aumentó a seis años y en 1965, a ocho años. A través de la Ley Nº 19.876 de
2003, se elevó a 12.
24 de noviembre de 2005: DFL
N° 1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.962
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), con todos los cambios introducidos
en los últimos 16 años.
17 de agosto de 2009: Ley
General de Educación (LGE). Promulgada durante el primer gobierno de Michelle
Bachelet, dio origen a lo que se ha llamado “la nueva arquitectura del sistema
educativo”, pues estableció las bases para la creación del “Sistema de Aseguramiento
de la Calidad” que entraría en funcionamiento dos años después.
25 de noviembre de 2013:
Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de
transición (Kínder) y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel
medio menor (Ley Nº 20.710). Con esta Reforma, que fue aprobada por unanimidad
en el Congreso y se hizo efectiva a partir de 2015, para ingresar a primero
básico es requisito que los menores hayan rendido Kínder. Es decir, todos los
niños y niñas chilenos tendrán derecho a 13 años de escolaridad completa y
gratuita.
8 de febrero de 2011: Ley N°
20.501 de “Calidad y Equidad de la Educación”. Entrega mayores atribuciones a
los sostenedores municipales, a través de toda la línea de responsabilidad
(jefe DAEM, directores y directivos), acorde al diseño de un sistema escolar
descentralizado y necesario para hacer exigibles resultados.
11 de agosto de 2011: Ley N°
20.529 que establece el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización”. La nueva
institucionalidad se compone de cuatro entidades: dos nuevas que son la Agencia
de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación; el Consejo
Nacional de Educación, que reemplazó al Consejo Superior de Educación; y el
Ministerio de Educación, que funciona como órgano rector, desarrollando las
políticas del sector, elaborando las bases curriculares y estándares en los
cuales se basa el Sistema de Aseguramiento y entregando asistencia técnico pedagógica
a los establecimientos que lo requieran.
28 de abril de 2015: Ley Nº
20.835 que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de
Educación Parvularia. La Subsecretaría debe colaborar con el Ministro de
Educación en la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas
y programas destinados al desarrollo de la educación parvularia. Asimismo, debe
coordinar los servicios públicos que impartan dicho nivel educativo. En cambio,
la Intendencia tiene que elaborar y proponer los criterios técnicos que
orienten la función fiscalizadora de la Superintendencia.
29 de mayo de 2015: Ley Nº
20.845 de Inclusión Escolar, que pone fin al lucro en la educación con recursos
públicos, propone un nuevo sistema de admisión y establece la gratuidad
progresiva, mediante el aumento de recursos destinados a calidad. Esto ha
permitido que desde el 2015, 784 establecimientos pasaran a ser gratuitos,
beneficiando a 240 mil estudiantes y sus familias.
23 de diciembre de 2015 y 6 de
diciembre de 2016: Leyes Nº 20.890 y Nº 20.981 que contemplan Gratuidad para la
Educación Superior. Éste es uno de los principales logros de la Reforma
Educacional de Michelle Bachelet. Comenzó a regir para la matrícula del año
2016 y benefició a 139.885 estudiantes.
3 de agosto de 2015: Ley Nº
20.842 que crea las universidades estatales de O‘Higgins y Aysén. En 2017 ambas
instituciones comenzaron sus respectivos años académicos bajo los más altos
estándares de calidad.
4 de marzo de 2016: Ley Nº
20.903 que crea el “Sistema de Desarrollo Profesional Docente”. Marca una nueva
etapa en la relación entre el Estado y los docentes en el país. Con su
aprobación, se proyecta un incremento promedio de un 30% de los salarios de
docentes y educadores de párvulos, a partir de julio de 2017. Y en marzo del
mismo año comenzó el incremento de las horas destinadas a preparar y evaluar
las clases, en un 30% para llegar a un 35% el 2019.
21 de marzo de 2016: Ley Nº
20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales, uno en cada región
del país. Su finalidad será formar técnicos de nivel superior, con énfasis en
la calidad de la educación técnica y en mejorar su empleabilidad para que
accedan al mundo del trabajo con trayectorias laborales de alta calificación,
mejorando así su formación e inserción en el ámbito social y regional. Estos
centros también tendrán como objetivo contribuir al desarrollo material y
social sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones.
6 de enero de 2017: Ley Nº
20.980 que aprueba la transformación de Centros de Formación Técnica e
Institutos Profesionales en instituciones sin fines de lucro.
16 de noviembre de 2017: En el
Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
promulgó la ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública, éste mejorará
la calidad de la educación que se entrega en jardines, escuelas y liceos
públicos. La nueva legislación -como parte de la Reforma Educacional- dará vida
a 70 Servicios Locales de Educación Pública que brindarán apoyo pedagógico y
administrativo a los establecimientos, además de habilitar el trabajo en red
para compartir experiencias exitosas y promover una mayor participación de
todos los actores para fortalecer los proyectos educativos con pertinencia
local.
Además se creará una Dirección
de Educación dependiente del Ministerio de Educación para asegurar la
conducción estratégica del Sistema y la coordinación y monitoreo de los
servicios; se hará cargo de los liceos bajo el sistema de administración
delegada y será responsable por la calidad de las escuelas en condición de
encierro y de las personas en programas de reinserción social.
Primero ministros, después
Presidentes de Chile
A través de la historia del
Ministerio de Educación, nos encontramos con que algunas de sus máximas
autoridades llegaron a ser presidentes de la Nación. Es el caso de Federico
Errázuriz Echaurren, quien en 1894 –durante el gobierno de Jorge Montt Álvarez-
lideró esta cartera y dos años más tarde, el 18 de septiembre de 1896, fue
designado Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta su muerte el 12
de julio de 1901. Él contaba con una larga trayectoria política: opositor al
gobierno de Domingo Santa María González, trabajó para el Presidente José
Manuel Balmaceda, y fue su Ministro de Guerra y Marina en 1890.
Emiliano Figueroa Larraín,
diputado por Victoria (1900-1903) y Melipilla (1905-1906), es otro caso a
destacar. Durante la presidencia de Pedro Montt fue designado ministro de
Justicia e Instrucción Pública en dos ocasiones: del 12 de junio al 25 de
octubre de 1907 y del 15 de septiembre de 1909 al 6 de septiembre de 1910.
Incluso asumió la vicepresidencia de la República -tras el fallecimiento del
Presidente Pedro Montt Montt- y posteriormente entregó el mando al Presidente
electo Ramón Barros Luco. Algunos años más tarde, sería él quien llegaría hasta
La Moneda.
El 24 de octubre de 1925,
Emiliano Figueroa triunfó en las elecciones presidenciales con el apoyo de
liberales, conservadores, radicales y democráticos, obteniendo más de un 70% de
los votos. Es así como en el período de diciembre de 1925 y de mayo de 1927, el otrora ministro de
Justicia e Instrucción Pública ejerció el cargo de Presidente de la República
de Chile.
Lo mismo sucedió con Pedro
Aguirre Cerda, quien en 1918 lideró el Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública. Y bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como Presidente de
Chile el 25 de octubre de 1938, en una de las elecciones más ajustadas de la
historia republicana: obtuvo el 50,26% de los votos, frente a un 49,33% de
Gustavo Ross Santa María, su principal contendor. Se convirtió en el 23er.
Presidente de Chile, cargo que desempeñó diciembre de 1938 y noviembre de 1941.
Una de sus iniciativas famosas
fue la creación del programa de la “Defensa de la Raza y el Aprovechamiento de
las Horas Libres”, destinado a promover las buenas costumbres y la instrucción
de las masas obreras, a través de la construcción a lo largo del país de
hogares de esparcimiento donde los trabajadores podrían acceder a programas de
culturización y encuentro.
Finalmente, Ricardo Lagos
Escobar, quien fue Presidente de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de
marzo de 2006, previamente también ejerció como ministro de Educación: en marzo
de 1990 fue nombrado en ese cargo por el entonces Presidente Patricio Aylwin y
se desempeñó allí hasta 1992.
La figura de Diego Portales en
la historia de la educación chilena
La instrucción primaria era un
tema que al ministro Diego Portales le preocupaba. Sabía que existía mucha
desigualdad al respecto y que era necesario aumentar la cobertura, mejorar la
calidad de la enseñanza, contar con maestros idóneos y métodos adecuados. Para
ello, encargó a los agentes de la República en las naciones extranjeras que
visitaran y observaran los establecimientos educativos, particularmente las
escuelas normales, y que informaran del método que se sigue en unas y otras.
También les pidió que remitieran al gobierno una colección escogida de los
libros que se ponían en manos de los niños para ejercitarlos en la lectura y en
los otros ramos de enseñanza.
“La enseñanza primaria, como
sucede más o menos en todas partes, está distribuida con bastante desigualdad
sobre el territorio chileno; pero lo que a primera vista se extraña es que no
sean siempre ni los departamentos más ricos, ni los más cercanos al centro de
recursos de la capital los más favorecidos en este reparto. De todas las
provincias de Chile, sin excluir la de Santiago, no hay ninguna en que sea tan
grande la proporción entre el número de niños que reciben el beneficio de la
enseñanza primaria, y el total de la población, como en la despoblada y lejana
Valdivia; y acaso no hay en toda la República departamentos en que sea tan
pequeña esta proporción, como en las de Caupolicán y Curicó. En las ocho
subdelegaciones de la capital el número de los niños de ambos sexos que
frecuentan las escuelas primarias forma como los dos tercios, y en todo el
departamento de Santiago, como la mitad del término medio de la Francia;
resultado que ciertamente deja todavía mucho que desear; pero que si se compara
con nuestros progresos en otros departamentos sociales, si se tiene presente el
punto de donde partimos, y el corto número de años en que la atención de las
Cámaras, del Gobierno y del público ha podido consagrarse a este objeto, no
debe parecer insignificante. Pero a muy corta distancia de la capital
encontramos distritos que no tienen esta distribución toda la parte a que parecían
llamarlos su situación y su riqueza; y no debemos disimularnos que una de las
causas de la desigualdad que se observa en esta materia entre las varias
secciones de la República, es la que existe en el espíritu patriótico de los
habitantes. Bajo éste como bajo otros puntos de vista es digno de proponerse a
la imitación de los pueblos chilenos el ejemplo de la ciudad de Talca, donde a
pesar de los estragos del terremoto, el número de jóvenes que frecuentan las
escuelas se ha duplicado de entonces acá, y presenta una proporción casi tan
favorable como la de las ocho subdelegaciones de Santiago. Mas, aunque no en
todas partes es igual el progreso y en ninguna sea bastante rápido para
contentar el anhelo del Gobierno, cada año vemos ensancharse el ámbito que
abraza en la masa del pueblo la educación primaria; cada año se levantan nuevos
establecimientos de esta especie, y aun las clases ínfimas que no tuvieron la
dicha de recibir estos primeros elementos de la educación intelectual, han
comenzado a sentir su precio y se manifiestan solícitas de ver extendidos sus
beneficios a la generación que ha de reemplazarlas. Es necesario acelerar este
movimiento; y para lograrlo importa, no sólo que se multipliquen las escuelas
primarias, sino también que se mejore en ellas la enseñanza, por medio de
maestros idóneos, de libros elementales adecuados y de buenos métodos. Al
efecto, se encarga a los agentes de la República en las naciones extranjeras
que visiten y observen los establecimientos de esta especie y particularmente
las escuelas normales; que den una noticia circunstanciada del método que se
sigue en unas y otras, enviando sus reglamentos y cuanto pueda servir para
formar idea de todos los pormenores de su organización; y que remitan además al
Gobierno una colección escogida de los libros que se ponen en manos de los
niños para ejercitarlos en la lectura y en los otros ramos de enseñanza, y de
las obras religiosas y morales de más crédito, destinadas a la educación de uno
y otro sexo”.
Su interés por las ciencias y
las bibliotecas es digno de destacarse. Tal como señaló en su Cuenta al
Congreso (Memoria del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, 1836):
“La falta de salas para un
gabinete de historia natural, en que se depositen y estudien los objetos
pertenecientes a sus varios ramos y de que ya poseemos una interesante
colección, hace indispensable la construcción de un edificio capaz, aunque
sobre el pie de la más estricta economía… El Gobierno ha creído que podría
destinarse a ello el espacio que cubre los costados este y norte del Instituto
Nacional… si la Legislatura aprobase este plan, el nuevo edificio contendría
también en su seno a la Biblioteca Nacional, de manera que, formando ambos
establecimientos uno solo con el del Instituto, fuesen accesibles a los
individuos que se educan en éste; lo que evitaría la necesidad de una
biblioteca particular, de que hasta ahora carece”.
Fuente: Fredy Soto Roa. “Diego
Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34
(junio 2004), pp. 28-49. Pág. 46 y 47.
Referencias bibliográficas:
[i] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 459./
Fredy Soto R. y otros. 160 años de Educación Pública. Historia del Ministerio
de Educación. Editado por el Ministerio de Educación. Santiago de Chile, 1997.
Pág. 15 y 16.
[ii] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 459.
[iii] Fredy Soto Roa. “Diego
Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34
(junio 2004), pp. 28-49. Pág. 43.
[iv] Fredy Soto Roa. “Diego
Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34
(junio 2004), pp. 28-49. Pág. 42.
[v] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 460.
[vi] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 461.
[vii] Fredy Soto Roa.
“Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile,
Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág.
462.
[viii] Ley General de
Instrucción Primaria. Descarga gratuita en:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-74409.html
[ix] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 68, 458 y 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[x] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xi] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xii] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 69 y 458 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xiii] Emma Salas Neumann.
Seis ensayos sobre Historia de la Educación en Chile. Santiago de Chile, 1997.
Pág. 45.
[xiv] Iván Núñez. Reformas
Educacionales e Identidad de los Docentes. Chile, 1960-1973. Serie Histórica Nº
3. PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación). Santiago,
enero de 1990. Pág. 99.
[xv] Jaime Caiceo Escudero. Un
Esbozo para la Historia del CPEIP. Edición del Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Santiago, enero 1999.
Pág. 37.
[xvi] Leyton, Mario (1970). La
experiencia chilena: la reforma educacional, 1965 – 1970. Santiago: Centro de
Experimentación, Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas. Citado en
“Eduardo Frei Montalva: Un gobierno reformista. A 50 años de la “Revolución en
Libertad”. Carlos Huneeus y Javier Couso (ed.), Editorial Universitaria, 2016.
Art. “Democratizar y tecnificar la educación. La reforma educacional de Eduardo
Frei Montalva”, de Cristián Bellei y Camila Pérez.
[xvii] Revista de Educación,
Nº 24 y 25 (Nueva Época). Mensaje del ministro de Educación Máximo Pacheco en
la inauguración del año escolar 1970. Santiago de Chile, marzo-abril 1970. Pág.
3 y 4.
[xviii] Luis Celis Muñoz,
Presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación. Revista de
Educación Nº 315, 2004. Pág. 49.
[xix] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 201.
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Un año más tarde, la
Universidad de Concepción le otorgó el Premio Atenea. En 1953 fue incorporado a
la Academia Chilena de la Lengua y fue designado director de la Dibam
(Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), puesto que ocupó hasta 1960. En
todo caso no era primera vez que asumía ese cargo, ya lo ejerció entre 1927 y
1931.
Foto: Pedro Aguirre Cerda
durante su breve gobierno puso énfasis en la expansión de la instrucción
primaria, con la construcción de más de 500 escuelas. A nivel institucional, la
estructura del Ministerio no sufrió grandes cambios en este período. Fotografía
del mandatario junto a un grupo de maestras, en 1938. Gentileza Archivo
Fotográfico Museo de la Educación Gabriela Mistral.
Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar
es Educar”
Sucederían a Ibáñez en la
primera magistratura, elegidos por votación popular: Juan Esteban Montero,
Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda.
Profesor de castellano y
filosofía en la Universidad de Chile y abogado de la misma casa de estudios,
Pedro Aguirre Cerda fue profesor de Educación Cívica, Castellano y Filosofía en
la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el
Instituto Nacional. En 1918 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción
Pública por el Presidente Juan Luis Sanfuentes, cargo que ejerció entre el 18
de enero y el 6 de septiembre de 1918, y desde el cual se preocupó
especialmente de impulsar la Ley de Instrucción Primaria y de mejorar el nivel
económico del Magisterio.
En 1921 fue elegido senador
por Concepción e integró la Comisión Permanente de Instrucción Pública. Y el 25
de octubre de 1938, bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como
Presidente de Chile. No sólo se preocupó de recibir y apoyar a los refugiados
de la Guerra Civil Española, que arribaron en el barco Winnipeg a Valparaíso el
3 de septiembre de 1939. Él puso especial énfasis en combatir la pobreza de su
pueblo y fomentar la educación.
En su discurso presidencial
del 21 de mayo de 1939 señaló:
”Para que la enseñanza pueda
cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita,
única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan
beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de
su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas
unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares;
obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad
el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y
social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que
nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo”.
Durante su corto gobierno
–falleció el 25 de noviembre de 1941- se preocupó especialmente de la expansión
de la instrucción primaria, con la construcción de más de 500 escuelas y casi
sextuplicando el número de alumnos matriculados.
Además, creó más de 3.000
plazas de maestros. Y atendiendo a la necesidad de aumentar la capacidad de
producción del país fomentó la educación técnica, industrial y minera, fundando
numerosas escuelas especializadas.
A nivel institucional, la
estructura del Ministerio no sufrió grandes cambios en este período. Tampoco
posteriormente, durante los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González
Videla. Recién en la década de los 50 comenzaron a dictarse algunos decretos
con fuerza de ley como el Nº 246 que organizó administrativa y técnicamente a
la Subsecretaría, las Direcciones Generales y los Servicios dependientes y el
Nº 104 que dio a la Superintendencia el carácter de organismo técnico y de
planeamiento asesor del Ministro.
Interesante resulta destacar
que, en 1945, durante el gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos, se creó la
“Comisión de Renovación Gradual de la Educación Secundaria”, formada por Irma
Salas, colabora de la Revista de Educación e hija de Darío Salas, quien la
presidió, Ana Novoa, Martín Bunster, Daniel Navea, Arturo Piga y Oscar Vera. Su
tarea era proponer al gobierno un Plan de Renovación de la Educación Secundaria
y así lo hicieron. De hecho, este Plan apuntaba a la renovación pedagógica, a
resolver urgentes necesidades sociales y a ampliar las oportunidades de acceder
a la educación secundaria. Se aplicó inicialmente en 10 liceos del país: siete
que ya existían y tres nuevos que se crearon en Santiago especialmente para
este proyecto: el Gabriela Mistral, en el barrio Independencia; el Juan Antonio
Ríos, en Quinta Normal y el Liceo Darío Salas en Av. España, al igual que el
Liceo Nº 6 de Niñas, en el barrio Matadero. “A poco andar abandonaron el plan
algunos de los establecimientos iniciales y finalmente participaron en la
experimentación, además de los liceos nombrados, los de niñas de Antofagasta y
Concepción y el coeducacional de Quilpué”.[xiii]
Frei y la Reforma Educacional
de 1965
El Presidente de la República,
Eduardo Frei Montalva, se preocupó en forma prioritaria de la educación. Por
esta razón, a sólo 15 días de asumir su gobierno, dio los primeros pasos para
poner en marcha “El Plan Extraordinario de Educación”, que promovía cambios
profundos con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación
pública.
Es decir, previo a la Reforma
de 1965 instauró una suerte de programa de emergencia, que se inició en
diciembre de 1964 con la realización de un censo escolar que reveló una demanda
real de matrícula de 186 mil niños. Para atender esas necesidades, implementó
“un plan de construcción de 6.000 aulas en 1.535 escuelas; un curso de
formación acelerada de maestros primarios que atendió a 2.700 aspirantes, a los
que se sumaron los egresados de los cursos regulares de formación y los reincorporados
al servicio, para totalizar 5.000 nuevos maestros; y un plan de equipamiento
escolar que incluía la correspondiente dotación de mobiliario, textos, útiles y
elementos de asistencialidad escolar”.[xiv]
Es en ese contexto que surgió
la “Reforma Educacional de 1965” (Decreto Nº 27.952), que estableció que a
contar de 1966 se aplicaría en forma gradual en los establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación Pública y los de la Educación
Particular un sistema de educación regular que comprenderá los siguientes
niveles: Educación Parvularia; Educación General Básica de nueve años de
duración (en una primera etapa de ocho años), común para todos los niños entre
7 y 15 años, aunque también se permite ingresar a los menores de 6 años;
Educación Media con cuatro años de duración, con modalidad científica-humanista
y técnico-profesional; y Educación Superior.
Uno de los principales
objetivos de la Reforma era ampliar la cobertura escolar. Y con el propósito de
impulsarla y apoyarla, el Ministro de Educación Pública, Juan Gómez Millas, y
el subsecretario de esa cartera Patricio Rojas, en coordinación con la máxima
autoridad del Estado crearon el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) que, por supuesto, dependería de este
Ministerio.
Así nació el CPEIP, por Ley Nº
16.617, el 31 de enero de 1967. Esta institución, que continúa vigente,
concentró las diversas actividades de perfeccionamiento docente que existían en
la época y desarrolló nuevas líneas en esa área. La idea era impregnar a la
mayor cantidad posible de maestros en los nuevos principios pedagógicos que
impulsaba la Reforma de 1965. Además, se dio mucha importancia a la formación y
perfeccionamiento de los equipos directivos de las escuelas y liceos, pues en
esa época se abrieron muchos establecimientos educativos y se necesitaba
personal a cargo de los mismos.
El perfeccionamiento de
personal técnico para el Ministerio de Educación fue otra de las tareas
relevantes para el CPEIP. “Para ello se firmaron convenios de asistencia y
recursos con diversas instituciones internacionales, como la Organización de
Estados Americanos (OEA), la Unesco, la Fundación Ford, Naciones Unidas y
centros educacionales de otros países, como el del Instituto de Sévres de París
(Francia). La educación necesitaba tener expertos importantes para su
conducción a nivel del sistema, tanto en Chile como en el resto de los países
latinoamericanos; por lo mismo, en el Centro se efectuaban cursos para preparar
expertos en planeamiento de la educación, administradores, supervisores y otros
especialistas con participación de alumnos y profesores de todo el continente.
Chile se convertía, a través del CPEIP, en uno de los centros educacionales más
importantes de la Región: llegaban profesores-alumnos provenientes de Costa
Rica, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, Cuba, etc. a pasantías en nuestro
país. Se efectuaba, a su vez, intercambio de expertos, becarios y materiales
entre las diferentes instituciones del continente y de organismos internacionales
especializados en educación”.[xv]
De 1967 a 1970, el CPEIP
perfeccionó a 76.000 docentes en todo el país (tanto de Enseñanza Básica como
docentes del sector Científico-Humanista y Técnico-Profesional), a través del
Programa Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado.[xvi]
En relación con los avances
producto de la Reforma Educacional del 65, en 1970 el ministro de Educación
Máximo Pacheco, en la inauguración del año escolar, destacó: “Durante este
período la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales ha
construido 3.000 modernos locales escolares, especialmente en zonas rurales, lo
que ha contribuido a democratizar la enseñanza”, “el 95% de los niños en edad
escolar tiene hoy acceso a la educación básica; el incremento del alumnado en
este nivel es del 48%, en la educación secundaria del 117%, en la
técnico-profesional del 211% y en la educación superior del 124%, y el
analfabetismo se ha reducido al 10%. El número total de estudiantes, en todos
los niveles, alcanza a una cifra aproximada a 3.000.000”; “se han cumplido los
objetivos propuestos al haber perfeccionado a casi 60 mil profesores; haber
hecho realidad la escuela básica de dos ciclos de 4 años cada uno; haber
establecido en la educación media dos modalidades: la humanista-científica, que
continúa o intensifica la educación general del nivel básico, y la
técnico-profesional que, junto con su función educativa general, capacita para
el desempeño de profesiones de mando medio requeridas por el desarrollo
económico y social del país, como son las agrícolas, comerciales, industriales
y de servicios y técnicas especializadas. Destaco que la matrícula en la
enseñanza profesional sobrepasará este año los 100.000 estudiantes”.[xvii]
Luis Celis Muñoz, presidente
de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, señaló en 2004 refiriéndose
a los logros de esta Reforma: “De una matrícula de 1.725.302 estudiantes en
todos los niveles del sistema educativo, en 1964, se avanzó a una matrícula de
2.477.254 alumnos en 1970 (43,5% de incremento en seis años). Para hacer
posible este histórico salto se desarrolló un conjunto de políticas eficaces:
se contrataron y capacitaron extraordinariamente 5.000 nuevos maestros para la
educación básica y se incrementó la matrícula en los centros universitarios de
formación docente; entre 1965 y 1967 se construyeron 1.145.000 metros cuadrados
de edificación, a los que sumaron nuevas superficies en los años siguientes,
dando un inédito promedio anual de 273.000 metros cuadrados. Hubo también un
gran aumento en la provisión de textos y otros materiales. La Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas fue instalada en 1964 y promovió un notable conjunto de
prestaciones y apoyos compensatorios, en alimentación escolar, becas y
otros”.[xviii]
El 20 de abril de 1970 fue
fundada la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por el DL Nº 17.301.
Allí se estableció que este organismo sería de carácter autónomo, pero quedaría
bajo la dependencia del Ministerio de Educación. Y, por primera vez, se
reconoció el trabajo de las educadoras de párvulos al señalarse en forma
explícita que “la atención educacional en los jardines infantiles estará a
cargo de educadores de párvulos”.
La Escuela Nacional Unificada
(ENU)
El gobierno de la Unidad
Popular, encabezado por Salvador Allende, planteó un ”Sistema Nacional para la
Educación Permanente en una Sociedad de Transición al Socialismo”, el que
estaría basado en tres pilares básicos: educación permanente, educación social
y educación planificada. “En 1971 propuso al país la Escuela Nacional Unificada
(ENU). En esencia, planteaba un ciclo continuo de 12 años de educación general
y politécnica para atender a niños y jóvenes entre 6 y 18 años de edad, con
planes comunes, electivos y de especialidades”.[xix]
Se promovieron debates sobre
el tema. Incluso la Revista de Educación Nº 43 – 46 del Ministerio de Educación
abordó en profundidad este tema. Publicó, por ejemplo, el “Informe sobre
Escuela Nacional Unificada” a consideración del Consejo Nacional de Educación,
donde se señalaba que la ENU sería nacional, unificada, diversificada,
democrática, pluralista, productiva, integrada a la comunidad, científica y
tecnológica, humanista y planificada; variados discursos del ministro de
Educación, Jorge Tapia, sobre la ENU; el debate y textos de los acuerdos del
Consejo Superior de la Universidad Técnica del Estado sobre esta materia; entre
otros.
En todo caso, el 11 de
septiembre de 1973 terminó la discusión.
La municipalización de la
enseñanza
Este cambio en el sistema de
administración de la educación fue introducido en Chile durante la dictadura
militar. El 2 de mayo de 1980, por el DFL N° 13.063 del Ministerio de
Educación, se traspasó la administración de las escuelas y liceos desde el
Ministerio de Educación a la comuna en la cual estaban ubicados. También se
procedió a entregar la administración de los establecimientos de educación
técnico-profesional a corporaciones u organismos privados.
Por otra parte, el 10 de marzo
de 1990 –último día de la dictadura militar- se publicó en el Diario Oficial de
Chile la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.962, que fijó
los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles de educación básica y
media. Asimismo, reguló el deber del Estado de velar por su cumplimiento y
estableció normas para el proceso de reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales de todo nivel.
“Ministerio de Educación” a
secas
La Ley N° 18.956, promulgada
el 22 de febrero de 1990, reestructuró el Ministerio de Educación Pública, que
pasó a llamarse “Ministerio de Educación” a secas. Se crearon cuatro
divisiones: División de Educación General (DEG); División de Planificación y
Presupuestos (DIPLAP); División de Educación Superior (DES) y División de
Cultura. Además de tres Departamentos: Centro de Perfeccionamiento e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); Departamento Jurídico; y Departamento de
Administración General (DAG).
Es en este contexto -educación
municipalizada y un Ministerio completamente reestructurado- que se produce el
regreso a la democracia en 1990, asumiendo Patricio Aylwin como Presidente de
la República y Ricardo Lagos como nuevo ministro de Educación.
Las principales leyes
promulgadas en democracia desde entonces han permitido avanzar a pasos
agigantados.
Si en el siglo pasado los
desafíos apuntaban a ampliar la cobertura y universalizar la provisión del
servicio educacional, los desafíos del siglo XXI son otros, entre ellos mejorar
la calidad de la educación, innovando y modernizando los aprendizajes en la
sala de clases. Para ello, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en
su segundo mandato puso en marcha una política educacional en busca de calidad,
inclusión y pertinencia. La ministra de Educación, Adriana Delpiano Puelma,
está orgullosa porque, asegura, la Reforma ya tiene logros concretos y ha
profesionalizado y modernizado la educación en Chile.
Pero aún hay tareas pendientes
como poner en funcionamiento la Nueva Educación Pública. Tal como ella señaló
en una entrevista a Revista de Educación: “Para garantizar una educación de
calidad a todos los niños y niñas necesitamos desmunicipalizar, que el Estado
se haga cargo descentralizadamente, no se trata de que en Alameda con
Amunátegui se definan las ampolletas ni los vidrios, aquí es la escuela la que
adquiere una centralidad enorme y mientras esté mejor evaluada más autonomía
tendrá. La idea es que el sostenedor apoye lo que ahí suceda para que sea una
educación de calidad y se atiendan las necesidades y requerimientos de los
profesores, de los asistentes de la educación, etc.”
Cabe destacar que el Senado
aprobó en octubre de este año, de manera unánime, el proyecto que crea el
sistema de Nueva Educación Pública y que permitirá que los 5.200 colegios que
actualmente dependen de los municipios pasen a manos del Estado y sean
administrados por 70 Servicios Locales de Educación.
La ministra de Educación
destacó que “recuperamos la educación pública como baluarte y motivo de
orgullo”. Además, agregó, “este es un hito histórico y quiero compartir con
ustedes que, para el Ministerio de Educación, que hemos sacado adelante cerca
de 30 leyes en este período, esta es una de esas leyes que movilizan el alma.
Que le da sentido al por qué una en la mañana sale a trabajar. Estamos
cumpliendo entre todos un sueño: que Chile sea mejor”.
En relación a la instalación
en marzo de los dos primeros Servicios Locales de Educación, indicó: “uno va a
partir en el territorio de Las Barrancas, compuesto por Lo Prado, Pudahuel y
Cerro Navia, otro en la comuna de Coquimbo-Andacollo. Esos dos servicios van a
estar listos en marzo y después seguiremos en el valle del Huasco”. La Ley
también crea la Dirección de Educación Pública como organismo a nivel central
de coordinación de los Servicios Locales de Educación.
La iniciativa legal que crea
el Nuevo Sistema de Educación Pública fue promulgada el 16 de noviembre de 2017
en el Palacio de La Moneda por la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet.
Principales leyes promulgadas
en democracia (1990 en adelante, aprobadas y en ejecución)
7 de mayo de 2003: Reforma
Constitucional que establece 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita.
(Ley Nº 19.876).
“La educación básica y la
educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la
población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la
ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad”.
Es importante recordar que la
Ley de Educación Primaria Obligatoria, promulgada el 26 de agosto de 1920,
aseguró cuatro años de escolaridad para los niños y niñas de Chile. En 1929, se
aumentó a seis años y en 1965, a ocho años. A través de la Ley Nº 19.876 de
2003, se elevó a 12.
24 de noviembre de 2005: DFL
N° 1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.962
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), con todos los cambios introducidos
en los últimos 16 años.
17 de agosto de 2009: Ley
General de Educación (LGE). Promulgada durante el primer gobierno de Michelle
Bachelet, dio origen a lo que se ha llamado “la nueva arquitectura del sistema
educativo”, pues estableció las bases para la creación del “Sistema de Aseguramiento
de la Calidad” que entraría en funcionamiento dos años después.
25 de noviembre de 2013:
Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de
transición (Kínder) y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel
medio menor (Ley Nº 20.710). Con esta Reforma, que fue aprobada por unanimidad
en el Congreso y se hizo efectiva a partir de 2015, para ingresar a primero
básico es requisito que los menores hayan rendido Kínder. Es decir, todos los
niños y niñas chilenos tendrán derecho a 13 años de escolaridad completa y
gratuita.
8 de febrero de 2011: Ley N°
20.501 de “Calidad y Equidad de la Educación”. Entrega mayores atribuciones a
los sostenedores municipales, a través de toda la línea de responsabilidad
(jefe DAEM, directores y directivos), acorde al diseño de un sistema escolar
descentralizado y necesario para hacer exigibles resultados.
11 de agosto de 2011: Ley N°
20.529 que establece el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización”. La nueva
institucionalidad se compone de cuatro entidades: dos nuevas que son la Agencia
de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación; el Consejo
Nacional de Educación, que reemplazó al Consejo Superior de Educación; y el
Ministerio de Educación, que funciona como órgano rector, desarrollando las
políticas del sector, elaborando las bases curriculares y estándares en los
cuales se basa el Sistema de Aseguramiento y entregando asistencia técnico pedagógica
a los establecimientos que lo requieran.
28 de abril de 2015: Ley Nº
20.835 que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de
Educación Parvularia. La Subsecretaría debe colaborar con el Ministro de
Educación en la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas
y programas destinados al desarrollo de la educación parvularia. Asimismo, debe
coordinar los servicios públicos que impartan dicho nivel educativo. En cambio,
la Intendencia tiene que elaborar y proponer los criterios técnicos que
orienten la función fiscalizadora de la Superintendencia.
29 de mayo de 2015: Ley Nº
20.845 de Inclusión Escolar, que pone fin al lucro en la educación con recursos
públicos, propone un nuevo sistema de admisión y establece la gratuidad
progresiva, mediante el aumento de recursos destinados a calidad. Esto ha
permitido que desde el 2015, 784 establecimientos pasaran a ser gratuitos,
beneficiando a 240 mil estudiantes y sus familias.
23 de diciembre de 2015 y 6 de
diciembre de 2016: Leyes Nº 20.890 y Nº 20.981 que contemplan Gratuidad para la
Educación Superior. Éste es uno de los principales logros de la Reforma
Educacional de Michelle Bachelet. Comenzó a regir para la matrícula del año
2016 y benefició a 139.885 estudiantes.
3 de agosto de 2015: Ley Nº
20.842 que crea las universidades estatales de O‘Higgins y Aysén. En 2017 ambas
instituciones comenzaron sus respectivos años académicos bajo los más altos
estándares de calidad.
4 de marzo de 2016: Ley Nº
20.903 que crea el “Sistema de Desarrollo Profesional Docente”. Marca una nueva
etapa en la relación entre el Estado y los docentes en el país. Con su
aprobación, se proyecta un incremento promedio de un 30% de los salarios de
docentes y educadores de párvulos, a partir de julio de 2017. Y en marzo del
mismo año comenzó el incremento de las horas destinadas a preparar y evaluar
las clases, en un 30% para llegar a un 35% el 2019.
21 de marzo de 2016: Ley Nº
20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales, uno en cada región
del país. Su finalidad será formar técnicos de nivel superior, con énfasis en
la calidad de la educación técnica y en mejorar su empleabilidad para que
accedan al mundo del trabajo con trayectorias laborales de alta calificación,
mejorando así su formación e inserción en el ámbito social y regional. Estos
centros también tendrán como objetivo contribuir al desarrollo material y
social sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones.
6 de enero de 2017: Ley Nº
20.980 que aprueba la transformación de Centros de Formación Técnica e
Institutos Profesionales en instituciones sin fines de lucro.
16 de noviembre de 2017: En el
Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
promulgó la ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública, éste mejorará
la calidad de la educación que se entrega en jardines, escuelas y liceos
públicos. La nueva legislación -como parte de la Reforma Educacional- dará vida
a 70 Servicios Locales de Educación Pública que brindarán apoyo pedagógico y
administrativo a los establecimientos, además de habilitar el trabajo en red
para compartir experiencias exitosas y promover una mayor participación de
todos los actores para fortalecer los proyectos educativos con pertinencia
local.
Además se creará una Dirección
de Educación dependiente del Ministerio de Educación para asegurar la
conducción estratégica del Sistema y la coordinación y monitoreo de los
servicios; se hará cargo de los liceos bajo el sistema de administración
delegada y será responsable por la calidad de las escuelas en condición de
encierro y de las personas en programas de reinserción social.
Primero ministros, después
Presidentes de Chile
A través de la historia del
Ministerio de Educación, nos encontramos con que algunas de sus máximas
autoridades llegaron a ser presidentes de la Nación. Es el caso de Federico
Errázuriz Echaurren, quien en 1894 –durante el gobierno de Jorge Montt Álvarez-
lideró esta cartera y dos años más tarde, el 18 de septiembre de 1896, fue
designado Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta su muerte el 12
de julio de 1901. Él contaba con una larga trayectoria política: opositor al
gobierno de Domingo Santa María González, trabajó para el Presidente José
Manuel Balmaceda, y fue su Ministro de Guerra y Marina en 1890.
Emiliano Figueroa Larraín,
diputado por Victoria (1900-1903) y Melipilla (1905-1906), es otro caso a
destacar. Durante la presidencia de Pedro Montt fue designado ministro de
Justicia e Instrucción Pública en dos ocasiones: del 12 de junio al 25 de
octubre de 1907 y del 15 de septiembre de 1909 al 6 de septiembre de 1910.
Incluso asumió la vicepresidencia de la República -tras el fallecimiento del
Presidente Pedro Montt Montt- y posteriormente entregó el mando al Presidente
electo Ramón Barros Luco. Algunos años más tarde, sería él quien llegaría hasta
La Moneda.
El 24 de octubre de 1925,
Emiliano Figueroa triunfó en las elecciones presidenciales con el apoyo de
liberales, conservadores, radicales y democráticos, obteniendo más de un 70% de
los votos. Es así como en el período de diciembre de 1925 y de mayo de 1927, el otrora ministro de
Justicia e Instrucción Pública ejerció el cargo de Presidente de la República
de Chile.
Lo mismo sucedió con Pedro
Aguirre Cerda, quien en 1918 lideró el Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública. Y bajo el lema “Gobernar es Educar”, fue electo como Presidente de
Chile el 25 de octubre de 1938, en una de las elecciones más ajustadas de la
historia republicana: obtuvo el 50,26% de los votos, frente a un 49,33% de
Gustavo Ross Santa María, su principal contendor. Se convirtió en el 23er.
Presidente de Chile, cargo que desempeñó diciembre de 1938 y noviembre de 1941.
Una de sus iniciativas famosas
fue la creación del programa de la “Defensa de la Raza y el Aprovechamiento de
las Horas Libres”, destinado a promover las buenas costumbres y la instrucción
de las masas obreras, a través de la construcción a lo largo del país de
hogares de esparcimiento donde los trabajadores podrían acceder a programas de
culturización y encuentro.
Finalmente, Ricardo Lagos
Escobar, quien fue Presidente de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de
marzo de 2006, previamente también ejerció como ministro de Educación: en marzo
de 1990 fue nombrado en ese cargo por el entonces Presidente Patricio Aylwin y
se desempeñó allí hasta 1992.
La figura de Diego Portales en
la historia de la educación chilena
La instrucción primaria era un
tema que al ministro Diego Portales le preocupaba. Sabía que existía mucha
desigualdad al respecto y que era necesario aumentar la cobertura, mejorar la
calidad de la enseñanza, contar con maestros idóneos y métodos adecuados. Para
ello, encargó a los agentes de la República en las naciones extranjeras que
visitaran y observaran los establecimientos educativos, particularmente las
escuelas normales, y que informaran del método que se sigue en unas y otras.
También les pidió que remitieran al gobierno una colección escogida de los
libros que se ponían en manos de los niños para ejercitarlos en la lectura y en
los otros ramos de enseñanza.
“La enseñanza primaria, como
sucede más o menos en todas partes, está distribuida con bastante desigualdad
sobre el territorio chileno; pero lo que a primera vista se extraña es que no
sean siempre ni los departamentos más ricos, ni los más cercanos al centro de
recursos de la capital los más favorecidos en este reparto. De todas las
provincias de Chile, sin excluir la de Santiago, no hay ninguna en que sea tan
grande la proporción entre el número de niños que reciben el beneficio de la
enseñanza primaria, y el total de la población, como en la despoblada y lejana
Valdivia; y acaso no hay en toda la República departamentos en que sea tan
pequeña esta proporción, como en las de Caupolicán y Curicó. En las ocho
subdelegaciones de la capital el número de los niños de ambos sexos que
frecuentan las escuelas primarias forma como los dos tercios, y en todo el
departamento de Santiago, como la mitad del término medio de la Francia;
resultado que ciertamente deja todavía mucho que desear; pero que si se compara
con nuestros progresos en otros departamentos sociales, si se tiene presente el
punto de donde partimos, y el corto número de años en que la atención de las
Cámaras, del Gobierno y del público ha podido consagrarse a este objeto, no
debe parecer insignificante. Pero a muy corta distancia de la capital
encontramos distritos que no tienen esta distribución toda la parte a que parecían
llamarlos su situación y su riqueza; y no debemos disimularnos que una de las
causas de la desigualdad que se observa en esta materia entre las varias
secciones de la República, es la que existe en el espíritu patriótico de los
habitantes. Bajo éste como bajo otros puntos de vista es digno de proponerse a
la imitación de los pueblos chilenos el ejemplo de la ciudad de Talca, donde a
pesar de los estragos del terremoto, el número de jóvenes que frecuentan las
escuelas se ha duplicado de entonces acá, y presenta una proporción casi tan
favorable como la de las ocho subdelegaciones de Santiago. Mas, aunque no en
todas partes es igual el progreso y en ninguna sea bastante rápido para
contentar el anhelo del Gobierno, cada año vemos ensancharse el ámbito que
abraza en la masa del pueblo la educación primaria; cada año se levantan nuevos
establecimientos de esta especie, y aun las clases ínfimas que no tuvieron la
dicha de recibir estos primeros elementos de la educación intelectual, han
comenzado a sentir su precio y se manifiestan solícitas de ver extendidos sus
beneficios a la generación que ha de reemplazarlas. Es necesario acelerar este
movimiento; y para lograrlo importa, no sólo que se multipliquen las escuelas
primarias, sino también que se mejore en ellas la enseñanza, por medio de
maestros idóneos, de libros elementales adecuados y de buenos métodos. Al
efecto, se encarga a los agentes de la República en las naciones extranjeras
que visiten y observen los establecimientos de esta especie y particularmente
las escuelas normales; que den una noticia circunstanciada del método que se
sigue en unas y otras, enviando sus reglamentos y cuanto pueda servir para
formar idea de todos los pormenores de su organización; y que remitan además al
Gobierno una colección escogida de los libros que se ponen en manos de los
niños para ejercitarlos en la lectura y en los otros ramos de enseñanza, y de
las obras religiosas y morales de más crédito, destinadas a la educación de uno
y otro sexo”.
Su interés por las ciencias y
las bibliotecas es digno de destacarse. Tal como señaló en su Cuenta al
Congreso (Memoria del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, 1836):
“La falta de salas para un
gabinete de historia natural, en que se depositen y estudien los objetos
pertenecientes a sus varios ramos y de que ya poseemos una interesante
colección, hace indispensable la construcción de un edificio capaz, aunque
sobre el pie de la más estricta economía… El Gobierno ha creído que podría
destinarse a ello el espacio que cubre los costados este y norte del Instituto
Nacional… si la Legislatura aprobase este plan, el nuevo edificio contendría
también en su seno a la Biblioteca Nacional, de manera que, formando ambos
establecimientos uno solo con el del Instituto, fuesen accesibles a los
individuos que se educan en éste; lo que evitaría la necesidad de una
biblioteca particular, de que hasta ahora carece”.
Fuente: Fredy Soto Roa. “Diego
Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34
(junio 2004), pp. 28-49. Pág. 46 y 47.
Referencias bibliográficas:
[i] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 459./
Fredy Soto R. y otros. 160 años de Educación Pública. Historia del Ministerio
de Educación. Editado por el Ministerio de Educación. Santiago de Chile, 1997.
Pág. 15 y 16.
[ii] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 459.
[iii] Fredy Soto Roa. “Diego
Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34
(junio 2004), pp. 28-49. Pág. 43.
[iv] Fredy Soto Roa. “Diego
Portales y la Educación”. Fredy Soto Roa 28 Pensamiento Educativo. Vol. 34
(junio 2004), pp. 28-49. Pág. 42.
[v] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 460.
[vi] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 461.
[vii] Fredy Soto Roa.
“Historia de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile,
Facultad de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág.
462.
[viii] Ley General de
Instrucción Primaria. Descarga gratuita en:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-74409.html
[ix] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 68, 458 y 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[x] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xi] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 459 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xii] Sol Serrano, Macarena
Ponce de León y Francisca Rengifo, editoras. Historia de la Educación en Chile
(1810-2010), Tomo II: La educación nacional (1880-1930). Editorial Taurus,
Chile, 1ª edición noviembre de 2012.
Pág. 69 y 458 (AE: Anuario Estadístico de la República de Chile).
[xiii] Emma Salas Neumann.
Seis ensayos sobre Historia de la Educación en Chile. Santiago de Chile, 1997.
Pág. 45.
[xiv] Iván Núñez. Reformas
Educacionales e Identidad de los Docentes. Chile, 1960-1973. Serie Histórica Nº
3. PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación). Santiago,
enero de 1990. Pág. 99.
[xv] Jaime Caiceo Escudero. Un
Esbozo para la Historia del CPEIP. Edición del Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Santiago, enero 1999.
Pág. 37.
[xvi] Leyton, Mario (1970). La
experiencia chilena: la reforma educacional, 1965 – 1970. Santiago: Centro de
Experimentación, Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas. Citado en
“Eduardo Frei Montalva: Un gobierno reformista. A 50 años de la “Revolución en
Libertad”. Carlos Huneeus y Javier Couso (ed.), Editorial Universitaria, 2016.
Art. “Democratizar y tecnificar la educación. La reforma educacional de Eduardo
Frei Montalva”, de Cristián Bellei y Camila Pérez.
[xvii] Revista de Educación,
Nº 24 y 25 (Nueva Época). Mensaje del ministro de Educación Máximo Pacheco en
la inauguración del año escolar 1970. Santiago de Chile, marzo-abril 1970. Pág.
3 y 4.
[xviii] Luis Celis Muñoz,
Presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación. Revista de
Educación Nº 315, 2004. Pág. 49.
[xix] Fredy Soto Roa. “Historia
de la Educación Chilena”, 2ª. edición. Universidad Central de Chile, Facultad
de Ciencias de la Educación. Impreso en Chile, Septiembre 2013. Pág. 201.
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